Casi tres meses de embarazo tenía la periodista de TVN, Mónica Pérez, cuando supo que su bebé no iba a nacer vivo. Pese a ello, tuvo que esperar cinco semanas más para una solución, lo que sin duda afectaría su salud física y mental. Su testimonio no sólo impactó a los medios de comunicación a fines del año pasado, sino que puso nuevamente sobre la palestra un tema que se ha ignorado durante años en nuestro país y que hoy urge resolver a nivel societal y legal
El aborto es una realidad social lacerante que requiere una respuesta por parte de nuestras autoridades no sólo desde el debate religioso y/o agenda valórica -largoplacista e ineficiente-, sino más bien como respuesta a una demanda del ámbito de la salud pública. El Ministerio de Salud calcula que cada año en Chile se practican aproximadamente 120 mil interrupciones de embarazo. Otros reportes hablan de 160 mil, lo que se traduce en que uno de cada tres embarazos termina en aborto.
En los últimos 19 años ninguno de los proyectos de ley a favor de la despenalización parcial del aborto ha prosperado en el parlamento. La última iniciativa fue vetada en el 2007. ¿No será que los gobiernos ‘de la democracia’ están sujetos a pensamientos y valores que no necesariamente representan la realidad del país?. La idea de que en Chile la Opinión Pública está en contra del aborto, subyace en que son grupos minoritarios aquellos que levantan su voz a favor de los derechos de la mujer: por el aborto legal, gratuito y por decisión propia. En la intimidad, la cosa cambia.
La religión mayoritaria plantea que el aborto es una especie de homicidio y peor aún, es prueba de un pecado sexual, toda vez que cada acto conyugal debe estar abierto a la procreación, como núcleo básico de toda sociedad. Un estudio de Mariano Requena, publicado en 1968 y comentado por Monica Weisner (Aborto Inducido: 1982), indica que la incidencia del aborto en mujeres católicas chilenas es más alto que en mujeres de otras religiones.
A pesar de ello, las voces más influyentes en contra del aborto son las de los partidos conservadores y la Iglesia Católica propiamente tal, que en septiembre pasado encontró en la Iglesia Evangélica un nuevo socio estratégico en su cruzada en contra del pecado y la crisis valórica: el acuerdo de vida en pareja (que apunta al mundo gay) y la píldora del día después, sólo por mencionar algunos.
Crisis valórica no es cuando algunos abogamos por el libre pensamiento y exigimos al Estado resguardar nuestros derechos sin el veto religioso. Crisis valórica (o del doble estándar) es cuando se esconde realidades como la nuestra, que Chile sea el país con mayor tasa de abortos en la región y uno de los pocos Estados a nivel mundial (uno de cinco) que mantiene en su legislación la más absoluta penalización. Porque sabemos que si bien entre los años 1931 y 1989 se permitió el aborto por motivos terapéuticos, a 19 años después de la restauración de la democracia, la interrupción del embarazo (cualquiera sea la razón o circunstancia por la cual se realice) sigue siendo un delito penado con entre tres y hasta cinco años de cárcel, para la mujer que se lo realice y de algo menos para quienes lo practican.
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